En el Noroccidente colombiano vuelven a disparar contra la paz

Dejamos constancia de la grave situación de derechos humanos que se viene presentando en varios lugares del noroccidente y que han venido ocurriendo en contra no sólo de los firmantes de paz sino también de reconocidos liderazgos sociales.

El día 19 de septiembre de 2021 a las 08: 30 p.m de la noche fue sacado de su hogar y asesinado el firmante de paz Manuel Mena Viveros en el municipio de Quibdó, y en el momento del suceso se encontraba con su familia. Es menester precisar que Manuel Mena era el único apoyo económico que tenía su núcleo familiar, y que ellos se encontraban en Quibdó, debido que habían sido desplazados de manera forzada del municipio del Medio Atrato, el firmante de paz ya había interpuesto varias denuncias por amenazas recibidas en su contra ante la Fiscalía General de la Nación Seccional Chocó, la SIJIN, y además se le había comunicado al sistema de Naciones Unidas, y sólo recibió por la subdirección de la UNP un botón de pánico y un celular. En el departamento del Chocó a la fecha suman 17 excombatientes asesinados.

Se suma otro hecho de vulneración de DDHH, la amenaza del líder social y político Ramiro Ortega Muñetón, fundador de la ACVC-RAN, Coordinador de la Seccional Nordeste Antioqueño, que cubre los municipios de Remedios y Segovia, líder campesino quien durante más de tres décadas ha luchado por defender los derechos humanos de las comunidades campesinas, apelando a los principios y derechos constitucionales, al orden internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario; en razón a su labor, recibió amenazas en contra de su vida el pasado 1 de septiembre, prohibiéndole el derecho a la libre movilidad.

Esto es sumamente grave, pues regiones como el Chocó y Nordeste Antioqueño son priorizadas para la implementación de programas derivados del Acuerdo de Paz como por ejemplo los PDET, dadas las circunstancias que actualmente se viven en el país ante la inacción del gobierno nacional se continua contando por cientos a firmantes de paz y liderazgos sociales asesinados y amenazados.

Quienes le estamos apostando a la paz en aras salvaguardar la vida, y que la misma sea garantizada por el Estado, insistimos en que es un deber proteger la integridad de quienes trabajan por la paz y sus comunidades. Sin lugar a dudas este tipo de acciones buscan fragmentar el tejido organizativo y social existente y de esta manera ejercer el control territorial y económico con total facilidad. Hacemos un llamado al gobierno de Iván Duque a implementar de manera efectiva todas las medidas de protección para los liderazgos sociales.