En Medellín también hay víctimas del desarrollo

La implementación del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín está derivando en afectaciones y vulneraciones de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de diferentes comunidades de los barrios San Luis, La Paralela, Moravia, Chagualo, Naranjal, El Volador, La 80, entre otros, al igual que de las y los trabajadores de la economía popular. La ejecución de obras de desarrollo urbano está dejando víctimas a su paso e impide la construcción de una paz urbana y completa.

Estas comunidades luchan por mecanismos que permitan generar consensos en la planeación e intervención del territorio con garantías para los moradores y así legitimar el derecho a la ciudad; los afectados han denunciado amenazas para desocupar los predios, ofertas basadas en el valor catastral mas no comercial de los predios e incumplimiento en los pagos; exigen reasentamiento en sitio, avalúos y pagos justos, viviendas dignas con iguales o mejores condiciones a las que entregaron para el proyecto de renovación, pues la vinculación al territorio no es solo de carácter residencial, sino que tiene relación con el bienestar psicosocial de los moradores. Los barrios de Medellín y el Valle de Aburrá deben ser reconocidos por las Administraciones municipales, para que el Estado pueda velar por garantías para sus pobladores, se legitimen las Juntas de Acción Comunal, se facilite el acceso a servicios públicos domiciliarios, entre otros aspectos que den garantías a la participación de las comunidades.

El 2 de agosto de 2021, la Corporación comité de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo hizo la denuncia pública respecto a la situación en que se encuentran las familias que aún habitan el Morro de Moravia, que temen  por  la  situación de riesgo de  desalojo que puedan  generar  los recorridos  que  la  Secretaría  de  Gestión y Control Territorial de Medellín hace diariamente, porque ya anteriormente se han dado, y además hacen graves señalamientos a los líderes estigmatizando la función que las comunidades realizan para reivindicar y proteger el territorio que habitan.

El 3 de noviembre, sin escuchar el clamor de la ciudadanía y las distintas organizaciones de DDHH, la alcaldía de Medellín llevó a cabo un intento de desalojo que fue suspendido por orden judicial horas después de haber iniciado. Pese a que el procedimiento policial se detuvo, se presentaron una serie de irregularidades: fueron destruidas algunas viviendas y resultaron heridas varias personas por la acción violenta de la fuerza pública.

Días más tarde también se conocieron denuncias por parte de la comunidad, en las que se exige el esclarecimiento del presunto uso de armas de fuego contra la población civil por parte de la policía.

Con el ánimo de evitar situaciones de este tipo, el pasado 31 de julio de 2021 con nuestra mediación, se instaló la Mesa de interlocución Víctimas del desarrollo y administración municipal, con la participación de procesos organizativos afectados por los proyectos de renovación urbana, académicos e investigadores y el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed), la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), el Metro de Medellín, el Departamento Administrativo de Planeación, la Subsecretaría de construcción de paz territorial, la Personería de Medellín, la Procuraduría provincial y el Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia.

Hago un llamado a la Alcaldía de Medellín para que se reglamente y se haga efectiva la Política Pública de Protección a Moradores y Actividades Económicas (Acuerdo 145 de 2019), aprobada por el Concejo de Medellín; al Ministerio de Vivienda, la Defensoría del Pueblo, la Personería de Medellín, la Procuraduría provincial del Valle de Aburrá y las demás responsables, para que garanticen el derecho a la vivienda en condiciones dignas, así como los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales que protejan a los moradores.