En Tarazá gobierno carga sobrecostos a campesinos vinculados al PNIS

Queremos dejar constancia del incumplimiento del Acuerdo de Paz por parte del gobierno. El Acuerdo Final de Paz contempla en el punto 4.1 el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito -PNIS- con el fin de generar condiciones materiales e inmateriales de bienestar y buen vivir para las poblaciones campesinas en situación de pobreza que derivan su subsistencia de cultivos de coca.

El PNIS contempla un proyecto de auto sostenimiento y seguridad alimentaria de $1.800.000 por familia, este proyecto debió realizarse con la entrega del segundo desembolso de la asistencia alimentaria inmediata para desarrollar actividades de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, preparación de tierras para siembras legales o trabajos de interes comunitario por 12 meses por valor de $1.000.000 mensuales, mientras iniciaban los proyectos productivos.

Hoy, cinco años después del Acuerdo de Paz, el operador (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura OEI) pretende realizar un nuevo Plan de Inversión del proyecto de auto sostenimiento y seguridad alimentaria en el municipio de Tarazá. Las familias del PNIS del corregimiento Barro Blanco y El Doce se oponen a realizar este nuevo Plan de Inversión porque los obligan a asumir los sobrecostos de los insumos o la variación de los precios, el transporte de éstos hasta las veredas y no les entregan una constancia de lo recibido.

Consideran los campesinos y campesinas que si les cambian cada año el plan de inversión, el $1.800.000 ya no alcanza para obtener la misma cantidad de insumos que se planeó en el 2020 porque los insumos han subido de precio.

El perjuicio se agrava porque los insumos que les presenta el operador desde el primer Plan de Inversión tienen un costo elevado, por ejemplo: el valor del bulto de cuido para peces al 40% es de $236.000 según el operador, mientras que en el pueblo lo consiguen a $130.000; o, una carreta que ellos consiguen por $90.000 el operador se los lleva por $150.000. En conclusión, con el proyecto de $1.800.000 las familias reciben realmente $800.000, porque asumen los sobrecostos de los insumos y el transporte para llevarlos a la vereda.

Empeora este panorama las amenazas que denunciaron en el encuentro realizado por la Contraloría General de la República el 16 y 17 de septiembre en Medellín. En todos los municipios PNIS de Antioquia informan que son amenazados de ser excluidos del programa si no reciben insumos costosos o que no pidieron o no necesitan para su proyecto.

Denunciamos de nuevo que el Acuerdo de Paz ha sido severamente distorsionado y las familias campesinas continúan viviendo en pobreza y falta de condiciones materiales e inmateriales de bienestar y buen vivir.

Solicitamos a la Contraloría Delegada para el Posconflicto y a la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz que vigilen cómo se están gestionando los recursos del PNIS y cuál es el efectivo cumplimiento del Acuerdo de Paz.