EPM ¿Una empresa de todos?

Asamblea popular EPM con P de pueblo, realizada en Medellín el 16 de octubre de 2021.

Por: Omar De Jesús Restrepo

En 2020, el peor año de la pandemia, EPM tuvo ingresos por $9,9 billones y el municipio de Medellín recibió transferencias de $1,4 billones de pesos por parte de la empresa de servicios públicos. Durante el primer semestre de 2021, EPM registró Ingresos por encima de los 5.6 billones de pesos, con una utilidad neta de $856.000 millones.

Según el plan de inversiones presentado por Martha Lucía Durán Ortiz, vicepresidente ejecutiva de Finanzas, ante el Concejo de Medellín en junio pasado, se invertirán en total $11,9 billones hasta 2024, en generación, distribución y transmisión de energía, gas natural y otras líneas como la gestión de aguas residuales.

Pese a esto, hoy en Medellín son miles de familias las que deben padecer el calvario de vivir sin servicios públicos. Según lo expresado por las y los trabajadores del sindicato de EPM (Sintraemsdes) esta, entre otras situaciones problemáticas, se produce por el enfoque mercantil de la empresa, que desde la Ley 142 de 1994 ha puesto el énfasis en la generación de utilidades, antes que en la garantía de los derechos de la ciudadanía.

Compartimos con ustedes algunas de la realidades que no aparecen en los balances financieros de la empresa, pero que son parte del diario sufrir de miles de ciudadanos medellinenses y antioqueños:[1]

Problema de Cobertura: #

EPM es una empresa de carácter público y en consecuencia debería hacerse cargo de la infraestructura necesaria para la prestación del servicio. Sin embargo, operando a partir de un cálculo de costo-beneficio, sin importar qué tanto afecta esto la prestación del servicio, deja esta responsabilidad en manos de privados que trabajan a partir del criterio del lucro y no de la garantía de derechos.

La política empresarial y del mercado está por encima de la política pública y sobre las necesidades sociales de las comunidades. Esta realidad queda en evidenciada en el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín; hay zonas que serán desalojadas para dar lugar a otro tipo de construcciones pese a que hoy están habitadas por un número significativo de ciudadanos.

La falta de cobertura genera un problema de segregación y discriminación social, pues esta se prioriza según sectores. Es en el fondo, un asunto de disputa por el poder: no garantizar la cobertura es enajenar al pueblo y condenarlo a la miseria.

Entre más arriba se viva son menos los servicios y derechos a los que se puede acceder, no solo de agua, energía, internet, sino también los de educación, salud, vías, transporte, etc.

Precisamente, el acceso al agua potable es una de las problemáticas que más aqueja a estos barrios de ladera. Por ejemplo, en los sectores altos de la comuna 1 tienen agua sucia, no llevan los Servicios Públicos Domiciliarios, pero sí ponen pilas de agua, las cuales terminan por ser manejadas por grupos armados ilegales, a los que la gente debe pagar cada 8 días 5 mil pesos para poder abastecerse.

En algunos barrios de la comuna 8 por ejemplo, las personas deben levantarse a las 2 de la mañana porque es la única hora en que hay agua, como si por vivir en la llamada periferia la gente no tuviera derecho a descansar.  También son frecuentes los cortes del servicio por días enteros o que su caudal sea reducido, presentándose casos donde solo puede accederse a él en horas de la noche.

Pese a que muchas personas de escasos recursos difícilmente pueden acceder al agua de manera permanente, les cobran los servicios de saneamiento y alcantarillado como a cualquier usuario, lo que resulta injusto si se tiene en cuenta, además, que en muchos barrios ni siquiera hay adecuados manejos de las aguas lluvia.

Como si esto fuera poco, son miles las familias obligadas por las circunstancias a la modalidad prepago, que no garantiza el goce efectivo del derecho de acceso a los Servicios Públicos Domiciliarios. La presencia o ausencia del servicio dependerá de lo que disponga el bolsillo, un sálvese quien pueda brutal e insensible, solo posible en las entrañas del capitalismo más inhumano. A nuestro modo de ver ¡los prepagados también son desconectados!

Y Si esta situación se presenta con servicios tan esenciales como el agua y la energía, ¿qué se puede decir del gas o la internet? En los barrios populares, las comunidades en su mayoría solamente pueden aspirar a conexión 2G, lo que es a todas luces discriminatorio, en la medida en que ya se empieza a implementar la tecnología 5G en Colombia. Si Medellín pretende ser el valle del software, ¿por qué no se cuenta hoy con planes claros de conectividad donde se busque superar de una vez por todas las marginalidad social en el acceso a estos servicios?

¿De qué sirven las ingentes ganancias de EPM si no se traducen en bienestar social?

Participación comunitaria vinculante: una posible ruta para avanzar en soluciones. #

EPM es una empresa que ha sido construida y consolidada con la participación de las y los antioqueños, bajo la comprensión de los servicios públicos domiciliarios como necesidad colectiva. Sus ganancias han estado forjadas en importantes costos colectivos, de índole social y ambiental, así como en el pago frecuente y oportuno de las tarifas por parte de la ciudadanía.

Los costos del funcionamiento de la empresa, así como las pérdidas por errores administrativos son asumidos socialmente y, sin embargo, las ganancias terminan apropiadas por privados, como se sabe, ciertos sectores de la burguesía paisa. ¿Es acaso esto justo?

Desde una perspectiva popular, se plantea entonces la necesidad de que tanto trabajadores de EPM como organizaciones sociales, puedan llegar al   direccionamiento de la empresa. Que se abran canales para la participación de organizaciones sociales, políticas y comunitarias en calidad de proveedoras de derechos esenciales.

Así mismo y en tanto tiene curso esta disputa, se hacen necesarios mecanismos de control y veeduría ciudadana, que permitan poner freno a los abusos y empiecen a brindar acceso a esos miles desconectados que en pleno siglo XXI, no conocen sino los costos del privilegio de aquellas minorías en el poder.

Este proceso exigirá entonces un ejercicio formativo que brinde herramientas para ejercer control ciudadano sobre las acciones de los administradores de la empresa, y que deberán ir desde algo tan básico como aprender a leer una factura de SPD —para saber realmente qué es lo que se les está cobrando— hasta escenarios de formación jurídica y política para la defensa de los derechos.

En esa misma línea de ideas, es necesario empezar a tejer un proceso organizativo que permita dar realidad a estas iniciativas. Comités de servicios públicos barriales, asambleas populares, entre otros repertorios de estructuración que nos permitan ganar en capacidad y posibilidad de gobernar, dirigir y administrar EPM desde abajo, desde el pueblo y para el pueblo, devolviendo el sentido público a una empresa pública que cada vez se asemeja más a una compañía privada.


[1] La información aquí presentada recoge muchos de los testimonios expuestos por las comunidades en la asamblea popular EPM con P de pueblo desarrollada el 16 de octubre de 2021 en la ciudad de Medellín.