Huelga de hambre en la UdeA

CONSTANCIA

En el marco de la declaratoria de la Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada por el Presidente de la República Iván Duque Márquez, mediante el Decreto 417 de 2020, desde el pasado mes de mayo, representantes estudiantiles de universidades públicas y privadas enviaron al Gobierno dos cartas solicitando ayudas para las instituciones educativas, con el fin de que puedan solventar sus gastos, la deserción escolar no sea tan alta, se garantice la educación virtual, así como la estabilidad de los profesores.

El 7 de julio de 2020, la Alcaldía de Medellín informó que 24.000 estudiantes del Colegio Mayor de Antioquia, el Pascual Bravo y el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) no tendrán que pagar dinero alguno por concepto de matrícula en el segundo semestre de 2020. Este beneficio es conocido como “matrícula cero”. Tras este anuncio, estudiantes de la Universidad de Antioquia entraron el día 8 de julio de 2020 en campamento humanitario y huelga de hambre por 202 horas, exigiendo que la “matrícula cero” también aplique para dicha institución, así como para el Tecnológico de Antioquia y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Finalmente, el 20 de julio de 2020, la Gobernación de Antioquia ratificó su compromiso con la propuesta de “matrícula cero” para la financiación del período 2020-2, de las instituciones de educación superior oficiales adscritas al departamento.

En este sentido, quiero dejar la constancia que desde el pasado lunes 27 de julio, estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín se encuentran encadenados en la portería de la carrera 65, exigiendo un salvamento presupuestal al Gobierno nacional que garantice la matrícula cero universal para estudiantes de pregrado y posgrado, al igual que la inyección presupuestal que solvente el déficit generado en medio de la pandemia. Hasta el momento, los estudiantes encadenados no han recibido respuesta del Ministerio de Educación Nacional, y las directivas de la universidad se han negado a brindar unas garantías mínimas para su derecho legítimo a la protesta, prohibiendo la entrada a las instalaciones para acceder a baños, duchas, agua y electricidad. Por tanto, los estudiantes encadenados se enfrentan a las adversidades climáticas, de seguridad y a condiciones insalubres.