Le siguen disparando a la paz

Queremos dejar constancia de la grave violación de derechos humanos a los firmantes del Acuerdo de Paz. Durante los últimos cuatro días han sido asesinados dos compañeros y otros dos fueron amenazados. Acciones que generan la fragmentación de los procesos de reincorporación en los territorios.

El 8 de agosto de 2021 fue asesinado Gilberto Samboní Quinayas en Isnos, Huila, en este departamento la Defensoría del Pueblo ha emitido cuatro alertas tempranas en la que se advierte la presencia de grupos armados que ejercen acciones de control social y consolidación de su presencia en el territorio.

El 9 de agosto de 2021 en Cartagena del Chairá en la vía Paujil fue asesinado Hernán Stiven Vasquez quien era estudiante de medicina en Cuba y estaba en Colombia por una licencia.

A estas muertes violentas se suman las amenazas en contra de dos firmantes del Acuerdo de Paz en el departamento de Antioquia, en donde la Defensoría del Pueblo ha emitido ocho alertas tempranas que instan a las autoridades a implementar mecanismos institucionales que implementen rutas de atención a personas en reincorporación a la vida civil.

Se hace evidente la negligencia e ineficacia del Estado para garantizar la protección de la integridad y la vida de los firmantes del Acuerdo de Paz. Así mismo, el silencio de las autoridades e instituciones, especialmente del Presidente de la República Iván Duque Márquez, sobre el asesinato sistemático y amenazas en contra de los firmantes de paz, crea un escenario de permisividad e indiferencia aumentando el riesgo.

Solicitamos a la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección, en el marco de la Mesa Técnica de que trata el Decreto 299 de 2017, formule y adopte medidas específicas destinadas a la protección colectiva e individual de los firmantes de paz.

Alertamos a las autoridades e instituciones encargadas de proteger la vida y los derechos humanos, que cumplan lo acordado en el Acuerdo Final de Paz respecto a las garantías de protección, seguridad personal y garantías de no repetición dirigidas a garantizar el esclarecimiento del fenómeno paramilitar, evitar su repetición y garantizar el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de que amenacen o atenten contra las personas que participan en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.