¿Qué pasará con usuarios y trabajadores si se vende UNE?

Antecedentes #

En el año 2014, siendo alcalde de la ciudad Aníbal Gaviria, el Concejo de Medellín aprobó la venta del 50% menos una de las acciones de UNE EPM Telecomunicaciones S. A. a la multinacional Millicom y su marga Tigo, contemplada en el proyecto de Acuerdo 106 de 2013. De esta manera, la empresa pasó de ser 100% pública a ser de naturaleza mixta, como una estrategia de privatización de los servicios de telecomunicaciones que todavía pone en riesgo el patrimonio público de la ciudad.

Dicho contrato otorgó la administración, gestión y control de UNE a Millicom, además, contenía una cláusula confidencial que, para Sintraemsdes subdirectiva Medellín[1], esconde elementos que hoy permiten justificar la venta absoluta de UNE EPM Telecomunicaciones S. A. Desde comienzos de octubre de este año, en el Concejo de Medellín se debate el Proyecto de Acuerdo 065 de 2021 “Por medio del cual se autoriza la enajenación de unas participaciones accionarias”, cuya ponente es la concejala Aura Marleny Arcila, cuestionada por su participación en el Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Colombia y su protagonismo a favor del proyecto tanto en el 2014 como ahora. El Proyecto de Acuerdo también contempla la enajenación de Inversiones Telco S.A.S (Invertelco), una sociedad creada en paralelo a la venta de UNE que se hizo dueña de las acciones de Emtelco, empresa de contact center y servicios BPO[2], gracias a los aportes de EPM y Millicom (PA 065/21, p. 4). Según el Proyecto de Acuerdo, los recursos que se obtengan estarían destinados para reinvertir en los negocios estratégicos de EPM.

Las justificaciones #

La venta de UNE EPM Telecomunicaciones S. A. hoy se justifica en que el papel relevante de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) está en la prestación de servicios públicos, y por tanto “en el entorno actual EPM no puede hacer frente a los imperiosos requerimientos en capital y recursos que exige, principalmente, el negocio de las telecomunicaciones” (PA 065/21, p. 11). Este argumento resulta incoherente frente a visiones del desarrollo contenidas, por ejemplo, en el proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República para que Medellín pase de ser municipio a ser distrito de innovación; así como en el plan de desarrollo actual que pretende convertir la ciudad en el Valle del Software colombiano. D

De ahí que sea evidente el interés de EPM y la Alcaldía de Medellín por dejar en manos de privados la prestación de servicios de telecomunicaciones, que además incluye entregar parte del espectro electromagnético, en lugar de fortalecer el patrimonio público que brinde calidad de vida y disminuya las brechas de acceso a Internet, un servicio público esencial que está a punto de convertirse en derecho fundamental. Pero esta decisión tiene un trasfondo, según el Alcalde Daniel Quintero, en la necesidad que tiene EPM de financiar la terminación de Hidroituango; proyecto que ha tenido un sobrecosto estimado hasta ahora en $6,6 billones, que por supuesto ha impactado los bolsillos de los usuarios con el aumento en las tarifas.

Las preocupaciones que quedan #

No existe un estudio o información oficial por parte de la empresa sobre su propia valorización, en ese sentido, prima la especulación cuando se afirma que las acciones equivalen a 3,5 billones de pesos, cayendo en detrimento patrimonial frente a lo que Sintraemsdes estima en más de 15 billones de pesos. De esta manera se viola el artículo 7 de la Ley 226 de 1995, que regula la enajenación de la propiedad accionaria estatal y establece medidas para su democratización, al no contar el Concejo de Medellín con estudios técnicos que sirvan de base para la toma de decisiones.

El Proyecto de Acuerdo tiene como gran ausente un capítulo dedicado a los derechos de los miles de trabajadores de UNE EPM Telecomunicaciones S. A., Invertelco y las filiales, quienes al igual que los usuarios y los habitantes de la ciudad serán los más afectados si no asumimos la defensa del patrimonio público como una tarea de todas y todos.


[1]     Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos, Corporaciones autónomas, Institutos Descentralizados y Territoriales de Colombia, SINTRAEMSDES.

[2]     Se refieren a la subcontratación o tercerización de funciones de procesos de negocios a proveedores de servicios, sean internos o externos a la compañía.